La promulgación de la Ley N.° 32735, que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, volvió a colocar en el centro del debate el alcance del denominado fuero militar-policial. La norma fue promulgada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que el Poder Ejecutivo no la observara dentro del plazo constitucional, por lo que ya entró en vigencia.
El foco del debate se traslada ahora a su aplicación práctica. Los primeros casos relacionados con el uso de la fuerza por policías o militares serán determinantes para establecer cómo interpretarán las autoridades el nuevo concepto de delito de función y si las advertencias sobre un eventual riesgo de impunidad llegan o no a materializarse.
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¿Qué cambios introduce la Ley 32735?
La nueva legislación redefine el concepto de delito de función y establece que un mismo policía o militar no podrá ser procesado simultáneamente por la justicia ordinaria y la militar-policial por los mismos hechos. Además, incorpora nuevas sanciones, entre ellas la cadena perpetua para efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía que integren organizaciones criminales.
Uno de los primeros análisis publicados tras la entrada en vigencia fue el del penalista Carlos Caro Coria, quien sostuvo que la Ley 32735 «redibuja la frontera entre jurisdicciones». Aunque consideró legítimo endurecer las sanciones contra policías y militares vinculados al crimen organizado, advirtió que la norma podría generar controversias constitucionales sobre el alcance del fuero militar-policial.
Desde el Congreso se sostiene que la norma precisa el ámbito del delito de función y fortalece la lucha contra el crimen organizado, sin impedir que los efectivos involucrados en delitos comunes o ajenos al servicio sean investigados y sancionados conforme a ley.
Reacciones a la nueva ley
Tras la promulgación de la ley, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reiteró su preocupación por el alcance de la norma y advirtió que podría abrir espacios de impunidad en investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, como las muertes de civiles derivadas de las protestas sociales de 2022 y 2023.
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El debate se intensificó además por la muerte del niño Junior Collantes, de ocho años, quien recibió un disparo durante una intervención policial en Huacho. Diversos especialistas consideran que podría convertirse en una de las primeras pruebas para interpretar el alcance de la nueva definición de delito de función.
Las críticas a la ley también recuerdan antecedentes como La Cantuta y Barrios Altos, procesos que marcaron la jurisprudencia sobre los límites de la justicia militar en casos de violaciones a los derechos humanos.
