Lía Valderrama nos explica que hay detrás de la denuncia penal de la Procuraduría contra ella, otros activistas y dirigentes políticos vinculados a las movilizaciones en defensa del voto convocadas inicialmente por Juntos por el Perú
¿De qué los acusa exactamente la Procuraduría?
Del presunto delito de perturbación grave de la tranquilidad pública. Si aparecen otros delitos, pues lo determinará la investigación. ¿Por qué nos denuncian? En mi caso, por supuestamente haber difundido mensajes que promoverían movilizaciones, bloqueos de vías y acciones que alteran el orden público. Según la Procuraduría, estos mensajes han contribuido a generar un clima de confrontación y movilización social.
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¿Qué intenciones ven detrás de la denuncia?
Para nosotros, esto no es más que amedrentamiento político, la utilización de una institución del Estado para concretar una persecución. Quieren que no ejerzamos derechos que esta misma Constitución establece: el derecho al libre pensamiento, a la organización, a la movilización pacífica. Esto es un ejemplo más de cómo lo que denominamos la coalición mafiosa utiliza las instituciones. Sabemos que hay un copamiento de estas.
Yo he sufrido persecución desde enero del 2023. Viajé a las Naciones Unidas en 2025, tras juntar evidencias, reportes de la DIRINCRI y del servicio de inteligencia que se filtraban, en los que me tratan de ligar con estos delitos.
¿Considera que como comunicadora tiene alguna responsabilidad dado su poder de convocatoria?
Si bien soy comunicadora, no ejerzo por principio mi profesión. Yo soy un personaje político. Así que mi discurso, mi accionar en redes sociales tiene un trasfondo político marcado. Mi posición es política y como política viene siendo mi derecho. Que mis redes sociales tengan un gran alcance, eso no creo que deba responderlo yo. Eso ya depende de lo que la población decida escuchar, ver o seguir. No estamos cometiendo ningún delito. Todas las movilizaciones que hemos realizado siempre han sido pacíficas.
¿Cuál es el problema de fondo que los lleva a continuar movilizándose?
Hay una crisis generalizada que toca también a las instituciones. La gente ya no cree en ellas ni en los partidos. El llamado que hacemos a ejercer el derecho a la movilización pacífica cala en nuestros hermanos del sur. En Perú, JP ganó en dieciséis regiones. La victoria aquí es indudable. Ha habido irregularidades que no se han esclarecido.
¿Cómo están trabajando en su defensa? ¿Individual o colectivamente?
Será de manera particular. Sin embargo, hay predisposición por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que se ha comunicado por intermedio de la periodista Claudia Cisneros, para poder realizar acciones conjuntas. De manera personal, yo estoy siendo asesorada por el estudio Defensa Legal Justicia y Libertad y por la Red Nacional de Derechos Humanos, que es una organización que trabaja el derecho internacional. Estamos esperando que nos notifiquen para proceder con la respuesta legal que corresponde.
¿Qué cree que se puede esperar de confirmarse la victoria de Keiko Fujimori?
Vemos que va a concretar su fraude en mesa, lo que llamamos un fraude blanco, el cual se ha venido cocinando desde hace mucho tiempo. Cada elección intentan, con su juego sucio, imponer a sus representantes. En el 2021 no contaron con el factor Pedro Castillo y no lo dejaron gobernar. Keiko Fujimori ha estado gobernando en las sombras.
Lo que nos espera a los opositores políticos es persecución, criminalización, estigmatización. Somos conscientes de ello, ya lo está empezando a hacer, utilizando algunas instituciones para dar advertencias. Si tú sigues levantando tu voz, si te organizas, si te opones, entonces esto es lo que te va a tocar.
Entrevista publicada en Diario Nuevo Sol el 30 de junio de 2026
