Para Julio Failoc Rivas, director del Semanario Apuntes a Lápiz, alterar la demarcación actual entre Moquegua y Tacna significaría la institucionalización de la inseguridad jurídica y la quiebra de la paz social.
¿Cuál es el valor estratégico que tiene la zona de Quebrada Honda en el límite interregional?
No es solo geográfico, es profundamente económico, ambiental y de desarrollo a largo plazo. Desde la perspectiva de ambas regiones, representa un nodo estratégico clave. Primero, por los recursos hídricos y ambientales y luego, por el potencial minero e industrial. La zona alberga o colinda con áreas de alta proyección para la gran minería y la infraestructura asociada a ella, como depósitos de relaves y zonas de amortiguamiento de operaciones históricas como Toquepala.
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Para Moquegua, defender Quebrada Honda es defender la continuidad e integridad de su mapa regional conforme a los antecedentes históricos y cartográficos preexistentes, evitando un cercenamiento que debilite su proyección geopolítica en el sur del país.
¿Cuál sería el impacto más grave si se altera la demarcación actual?
Sería la institucionalización de la inseguridad jurídica y la quiebra de la paz social. Una alteración limítrofe arbitraria redistribuiría los ingresos fiscales generados por la actividad minera de la zona, afectando directamente el presupuesto del Gobierno Regional de Moquegua y de sus municipios para obras de infraestructura, educación y salud. Al convertirse en una «zona en disputa permanente», los proyectos de inversión pública orientados al desarrollo de las comunidades locales quedarían paralizados por trabas administrativas y legales. Un cambio inconsulto generaría un resentimiento justificado en la población de Moquegua, lo que podría derivar en paralizaciones y protestas que afecten la estabilidad de todo el corredor minero del sur.
¿Qué lectura le da al papel que están jugando las empresas privadas en medio de esta crisis?
Aun cuando se tienen sospechas, no se tiene evidencias de intervención de las empresas privadas en el conflicto. Sin embargo, consideramos que, particularmente las del sector minero que operan en la zona de influencia, deben ser de absoluta neutralidad y estricto respeto a la institucionalidad del Estado. Las empresas no deben, bajo ninguna circunstancia, ser utilizadas como herramientas de presión política, ni adoptar posturas que validen cartografías que no estén refrendadas por los canales técnicos oficiales de la PCM (Secretaría de Demarcación y Organización Territorial).
¿Qué podemos esperar las próximas semanas tras la observación de la Ley N.º 11658 por parte del Ejecutivo?
La observación del Ejecutivo abre un escenario de intensa batalla legal, técnica y política en el próximo Congreso Bicameral. Mientras el proyecto de ley regresa al Parlamento, Moquegua hará valer la medida cautelar interpuesta por el Gobierno Regional. Este recurso judicial opera como un freno de emergencia que exige congelar cualquier pretensión de alterar límites de forma exprés en tanto no se resuelva el fondo técnico de la controversia.
Es previsible que los representantes de Tacna busquen consensos para aprobar la ley por insistencia en el próximo Congreso. Ante esto, la representación parlamentaria, las autoridades regionales y la sociedad civil de Moquegua deberán actuar en un solo bloque para frenar un despropósito jurídico. La observación del Ejecutivo obliga a mirar nuevamente a la PCM como el ente rector. En este marco lo más conveniente es la conformación de una mesa técnica para resolver el conflicto limítrofe.
Entrevista publicada en Diario Nuevo Sol el 9 de julio de 2026
